Con el anuncio del alto el fuego entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc y  el cierre de las negociaciones en La Habana, el capítulo de una guerra de más de 50 años en el país parece haber concluido para darle paso al del posconflicto.

Algunos se preguntan si el gobierno está preparado para cumplir con todo lo estipulado en la mesa en La Habana y plasmado en el Acuerdo Final cuando apenas intenta llevar a cabo con éxito la lista de compromisos con camioneros, docentes, agricultores, entre otros, que siempre recurren a paros y a manifestaciones para hacer valer los derechos ganados en una mesa de negociaciones.

El 24 de agosto debe quedar escrito en la historia reciente del país como el día en que el gobierno y guerrilla dieron el sí y sellaron el acuerdo final como antesala a la firma oficial de la paz, pero también como el día en el que el gobierno de Santos se comprometió a cumplir con unos acuerdos que tendrán que ejecutarse a largo plazo y eso involucra a los próximos mandatarios.

Pero en medio de quienes están a favor del proceso de paz y de los opositores al acuerdo, hay un grupo de ciudadanos que tras casi cuatro años de negociaciones no tienen claro si para ellos hay algún tipo de beneficio. Ese grupo de ciudadanos, que pasa de millones, son quienes al final pueden decidir si salen a las urnas el próximo 2 de octubre, día del Plebiscito por la paz, refrendar o no los acuerdos. Es decir, como en toda campaña electoral son los indecisos.

El primer punto: La Reforma Rural Integrada, RRI

De los seis puntos o acuerdos contemplados en las negociaciones, el primer punto contiene el acuerdo de Reforma Rural Integrada, que busca “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”.

Esto basado en unos principios como la transformación estructural del campo, igualdad y enfoque de género para que las mujeres tengan acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos.

El objetivo final de este punto es “la erradicación de la pobreza” en el campo colombiano, representado en los campesinos, las comunidades afro y los indígenas, que tengan acceso a “la salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población”.

La prioridad en la “política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza la población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, y hace énfasis en pequeños y medianos productores y productoras. Especial atención merecen los derechos de los niños y niñas, de las mujeres, y de las personas adultas mayores".

Otro capítulo importante para esta Reforma Rural Integrada es “el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización y con otros medios de producción que permitan agregar valor”.

Llama la atención la creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita, que tendrá un carácter permanente. Tendrá tres millones de hectáreas durante sus primeros diez años de creación. Allí entran las tierras provenientes de la extinción judicial de dominio, las tierras recuperadas a favor de la Nación, las tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal, tierras inexplotadas, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social y las tierras donadas.

Protección al nuevo partido

El Punto 2,  el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, es quizás el que más ha estado en la mira de los opositores al proceso de paz. Para las partes, se “requiere de una ampliación” participación “democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales”.

Señala el documento que fue socializar por el Gobierno y las Farc, “tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los lineamientos del estatuto garantías para los partidos y movimientos políticas que se declaren en oposición”

A esa comisión asistirán representantes de Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos y dos delegados de las Farc.

El Punto 2,  el acuerdo de “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, es quizás el que más ha estado en la mira de los opositores al proceso de paz.

Para las partes, se “requiere de una ampliación” participación “democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales”.

Este punto está basado en los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, garantías de seguridad para el ejercicio de la política, sistema integral de seguridad para el Ejercicio de la Política.

Señala el documento que fue socializado por el Gobierno y las Farc que “tras la firma del Acuerdo Final,  los  partidos y  movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una  Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los  partidos y movimientos políticos que se  declaren en oposición”. A esa comisión asistirán representantes de Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos y dos delegados de las Farc.

Esta comisión hará un evento con el fin que voceros de organizaciones y movimientos sociales, más personas expertas participen en la elaboración de unos lineamientos que serán la base para la elaboración de un proyecto de ley que será presentado al Congreso en un plazo de tres meses.

Y  dentro de las garantías de seguridad para el ejercicio de la política, el Gobierno  Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral  de Seguridad para ejercer la política que debe “contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad”.

El punto también habla de la protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento  político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.

También se abre paso a la participación ciudadana con la propuesta de  nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria en las zonas más afectadas por el conflicto y de esta forma promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible.

Curules aseguradas

La participación en política de exguerrilleros de la que tanto se habla por estos días corresponde al punto 3, que contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades 

Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

Las Farc tendrán representación política en el Congreso de la República y con este fin el gobierno pondrá en marcha las reformas constitucionales y legales que garanticen, mediante una fórmula transitoria, la llegada del nuevo partido, durante dos períodos constitucionales contados a partir del 20 de julio de 2018.

El nuevo partido podrá inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos para la circunscripción ordinaria del Senado de la República y para cada una de las circunscripciones territoriales ordinarias en que se elige la Cámara de Representantes.

“Para el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias”, se lee en el Acuerdo Final. 

En la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul. 

Además, la agrupación política designará tres voceros en Cámara y Senado, para que participen en los debates de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. También tendrá un representante como todos los partidos en el Consejo Nacional Electoral.

Como parte de la reincorporación colectiva, económica y social, las Farc constituirán una organización solidaria denominada Ecomún, que tendrá cobertura nacional y podrá tener seccionales territoriales, además de un centro de pensamiento y formación política.

Y a través del Consejo Nacional de la Reincorporación, integrado por dos miembros del Gobierno y dos de las Farc se definirán las actividades, cronograma y seguimiento a la reincorporación a la vida civil de los miembros de la guerrilla.

En este punto no quedó claro la manera cómo sería la reincorporación de los menores de edad de los campamentos de las FARC-EP, incluso en este punto, hasta la directora del ICBF, Cristina Plazas, exigió a la guerrilla cumplir inmediatamente con la salida de los niños y niñas de sus filas. 

De acuerdo con datos del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, publicados por RCN Radio, se “ha documentado 27.000 casos de reclutamiento en las filas de las Farc. De allí se desprenden 11.050 denuncias en la Fiscalía General de la Nación”.

Es en este punto en el cual las Farc y el Gobierno se ponen de acuerdo con las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Campamentos de la guerrilla, que hoy son en total, después de la verificación en los lugares, por parte de una comisión tripartita de la ONU, las Farc y el Gobierno. 

Esta semana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que “ha habido modificación en el número de zonas veredales y puntos ‘campamentarios’. Luego de realizar 31 operaciones de reconocimiento de terreno,  se llegó a la conclusión de pasar de 23 a 22 ZVTN y de 8 a 6 puntos ‘campamentarios’, es decir, hoy tenemos un total de 28 áreas de este tipo”.

¿Qué recibirán quienes dejen las armas?

Según el acuerdo, “cada integrante de las FARC-EP en proceso de reincorporación, tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de pesos”.

Además a través de Programas y proyectos con Ecomún, se  constituirá por una sola vez un Fondo para la ejecución de programas y proyectos del proceso de reincorporación económica y social.

“Los recursos correspondientes a las personas que decidan participar en proyectos colectivos que hayan sido identificados y viabilizados, serán transferidos por el Gobierno Nacional a Ecomún, a más tardar treinta (30) días después…”, señala el acuerdo. 

Y en cuanto a una renta básica mensual, cada uno durante dos años percibirá el equivalente  90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Es decir, al sueldo mínimo de hoy, recibirán  620 mil pesos mensuales. Después recibirán una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto. Otro apoyo es la asignación única de normalización, que será de dos millones de pesos.

También, están garantizadan las sumas correspondientes a los pagos por concepto de seguridad social en salud y pensiones serán garantizadas por el Gobierno Nacional, quien constituirá un encargo fiduciario para la realización de los pagos durante 24 meses. 

En esta normalización de la vida de los integrantes de las Farc a la vida civil,  el proceso identificará  los programas necesarios para la atención de  sus derechos fundamentales como “educación formal (básica y media, técnica y tecnológica, universitaria) y educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de saberes y de conocimientos; de vivienda; de cultura, recreación y deporte; de protección y recuperación del medio ambiente; de acompañamiento psicosocial; de reunificación de núcleos familiares y de familias extensas y personas adultas mayores, incluyendo medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación”.

Drogas, solución definitiva

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. 

¿Víctimas, el acuerdo cojo?

El Punto 5 contiene el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que incluye el "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos.

“Resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP”, se lee en el Acuerdo. Esto incluye dos subpuntos, los  Derechos humanos de las víctimas y la verdad.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y la no repetición estará conformada por 11 comisionados y comisionadas y funcionará por tres años. También se prevé a creación de una Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto.

Cabe anotar que el acuerdo contempla amnistía, en el numeral 38 del capítulo sobre Justicia Especial para la paz:  “Conforme a la anterior disposición, se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz”.

No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios, según el acuerdo 40, “los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves  crímenes  de guerra, la toma de rehenes u otra  privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

Señala este punto que "los agentes del Estado" tendrán "un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario".

El componente de justicia, según lo establece el Acuerdo Final, estará integrado por la sala de reconocimiento de verdad, el tribunal de paz, la sala de amnistía o indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas y la unidad de investigación y acusación. El mecanismo prevé el reconocimiento de verdad y responsabilidad por la realización de las conductas de manera individual o colectiva y sanciones para quienes guarden silencio.

Las sanciones serán "de cinco años y un máximo de ocho años" y "comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución". Y para quien no hayan "tenido una participación determinante en las conductas más graves,  el mínimo de sanción será de dos años y el máximo de 5 años".